1. Una alegación sin fundamento verificable

El término "ecológico" se utiliza aquí para describir un proyecto que prioriza la eficiencia energética, los materiales parcialmente reciclados, el bienestar climático o un enfoque de Construcción Sostenible Mediterránea (BDM). Todos estos son elementos técnicos loables, pero se engloban en el ámbito del rendimiento energético, no en la ecología en sentido estricto.

nos recuerda guía del CNC (Consejo Nacional del Consumidor) de 2023 , una declaración se considera engañosa cuando se refiere a un beneficio ambiental sin evidencia, alcance definido ni un estándar reconocido. El término «ecológico» implica la consideración de ecosistemas, biodiversidad, suelos, agua, corredores ecológicos, especies, etc. Ninguno de estos aspectos se aborda en el artículo. Por lo tanto, la referencia es inapropiada.

El artículo L.121-2 del Código de Consumo francés prohíbe las prácticas comerciales engañosas, incluidas las que impliquen omisión o inexactitud. El uso del término «ecológico» sin demostración ni prueba constituye, en este sentido, una afirmación ambiental infundada, potencialmente sancionable por la ley.

El CNC advierte específicamente contra estos usos genéricos que perpetúan la confusión entre rendimiento energético y ecología, eludiendo al mismo tiempo los requisitos de transparencia. El Consejo recomienda, entre otras cosas:

• evitar términos globales como "ecológico" si no están respaldados por un marco de referencia definido;
• para precisar el alcance exacto de la alegación;
• confiar en una certificación verificable.

Si bien los esfuerzos técnicos del proyecto Setec son genuinos, deben evaluarse rigurosamente. Hablar de un edificio bajo en carbono, o de rendimiento energético, es relevante si estos elementos se miden y certifican. Calificar un edificio como "ecológico" no lo es, a menos que se demuestre un enfoque sistémico que integre los equilibrios naturales y la biodiversidad.

Este cambio semántico es estratégico: permite el reconocimiento público, la cobertura mediática e incluso distinciones institucionales, sin cumplir con los requisitos técnicos, científicos o regulatorios de la transición ecológica. Esto es precisamente lo que la ley busca evitar.

Conclusión: es necesaria la vigilancia

El artículo de La Marsellesa ofrece, por tanto, un caso paradigmático. No se trata de criticar el proyecto, sino de destacar una cuestión fundamental: las palabras tienen peso jurídico. Usar la palabra «ecológico» es vinculante y requiere pruebas. Sin ella, todas las iniciativas de transición se resienten y su credibilidad se diluye.

En IRICE, abogamos por el uso riguroso de las declaraciones ambientales. Esta es la razón de ser de nuestras certificaciones: objetivar, medir y rastrear, para que los compromisos ambientales no sean solo historias, sino hechos.